Frente a una situación de embarazo no intencional en una menor de edad a causa de violación o abuso, los sistemas educativos, de salud y justicia deben activar una serie de protocolos para asistir, orientar y proteger a estas niñas.

Estos protocolos ya existen, pero falta el compromiso de los estados de Latinoamérica y el Caribe de aplicarlos en todas sus dimensiones.